Este 18 de junio se cumplen veinte años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Impulsado por el presidente Pasqual Maragall, aquel texto representó el intento más ambicioso de renovación del autogobierno catalán desde la recuperación de la democracia. Se buscaba dotar a la Generalitat de nuevos y mejores instrumentos para la gestión de la Cataluña del siglo XXI y poner en marcha una reforma profunda de España en sentido federal, con la convicción de que era necesario actualizar el pacto territorial español del Estado autonómico.
Veinte años después, es posible hacer una valoración serena de aquel proyecto. El Estatuto fue aprobado por el Parlamento de Cataluña con un amplio apoyo político y social, negociado y aprobado por las Cortes Generales y finalmente ratificado por la ciudadanía catalana en referéndum. Su legitimidad democrática era indiscutible. Sin embargo, su desarrollo posterior quedó condicionado por el recurso presentado por el Partido Popular y por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que recortó o reinterpretó algunos de sus aspectos más relevantes.
La conmoción de aquella sentencia ha marcado y condicionado en gran medida la política catalana y española desde entonces.
El Estatuto de 2006 cumplía diversos objetivos.
Ante todo, modernizar y profundizar el autogobierno de Cataluña. En este terreno, el Estatuto supuso un avance indiscutible. Amplió y detalló competencias para garantizar su blindaje, reforzó las instituciones propias y la participación en el proyecto europeo, incorporó un innovador catálogo de derechos y deberes de ciudadanía y mecanismos de participación ciudadana, reconoció el papel esencial de los gobiernos locales en la arquitectura institucional catalana, impulsando una nueva organización territorial basada en las veguerías, concebidas como un instrumento para adaptar las instituciones a la realidad territorial del país y superar estructuras administrativas heredadas, recogiendo el principio de subsidiariedad —un rasgo esencial de la política de Maragall, que defendía siempre la proximidad como clave para una buena gestión pública—.
El texto muestra una Cataluña como sociedad moderna, diversa y comprometida con su autogobierno, la calidad democrática y la cohesión social. Así se refleja a lo largo de su articulado y en el preámbulo:
“La libertad colectiva de Cataluña encuentra en las instituciones de la Generalitat el nexo con una historia de afirmación y respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la persona y de los pueblos; una historia que las mujeres y los hombres de Cataluña quieren proseguir con la finalidad de hacer posible la construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto de España e integrada en Europa.
El pueblo catalán continúa proclamando hoy como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de progreso que asegure una calidad de vida digna a todos los que viven y trabajan en Cataluña.”
Ahora bien, veinte años después, buena parte de este potencial no se ha desarrollado plenamente. Las limitaciones derivadas de la sentencia de 2010 y de las tensiones posteriores, la falta de desarrollo de previsiones estatutarias relativas al propio autogobierno y las sucesivas crisis políticas han impedido aprovechar toda la capacidad transformadora del texto. En este sentido, el Estatuto continúa siendo, en parte, una oportunidad desaprovechada.
Por otra parte, el Estatuto pretendía normalizar el reconocimiento nacional de Cataluña dentro de España. Maragall aspiraba a encontrar una fórmula que permitiera encajar la realidad nacional catalana en un proyecto compartido, desde el respeto a su singularidad, su lengua, su cultura y sus instituciones. Este era un elemento central de la reforma. Sin embargo, las dificultades políticas que encontró el texto y la posterior sentencia de un Tribunal Constitucional de legitimidad discutida evidenciaron los límites del itinerario emprendido. El reconocimiento nacional que el Estatuto pretendía consolidar no llegó a materializarse plenamente y las derivaciones sociales, políticas e institucionales de la falta de encaje han sido protagonistas durante los últimos años y siguen siendo visibles hoy.
Al mismo tiempo, el proyecto del Estatuto era una respuesta al agotamiento del modelo territorial basado en una interpretación sesgada del pacto constitucional de 1978. Maragall no concebía la reforma estatutaria como una cuestión exclusivamente catalana. Su ambición era impulsar una evolución del conjunto de España hacia un modelo más federal, basado en la cooperación institucional, el reconocimiento de la diversidad y una distribución más clara y eficiente de las responsabilidades de gobierno. Esta transformación tampoco se produjo. Veinte años después, los grandes debates sobre la vertebración territorial del Estado continúan abiertos y sin una respuesta estable, tal y como vemos con el debate actual sobre la financiación de las comunidades autónomas.
El aniversario del Estatuto no debería ser solo un ejercicio de memoria. También es una invitación a reflexionar sobre las preguntas que lo inspiraron y que continúan plenamente vigentes: cómo profundizar el autogobierno, cómo reconocer la pluralidad nacional de España y cómo construir instituciones más federales, más cercanas y, en definitiva, más útiles para la ciudadanía.
Sobre todo porque aquel proyecto no nació desde una lógica defensiva ni de confrontación. Pasqual Maragall no concebía el Estatuto como una simple reivindicación competencial o como un instrumento de reafirmación identitaria. El objetivo era más ambicioso: una modernización institucional de Cataluña como respuesta a las necesidades y exigencias de los cambios económicos y sociales globales en el contexto de un Estado miembro de la Unión Europea.
Por ello, la reforma catalana tuvo un efecto que a menudo se olvida. La reforma catalana no fue un episodio aislado. Se convirtió en el principal referente de un ciclo de renovación del Estado autonómico que entre 2006 y 2011 dio lugar a la reforma de siete estatutos de autonomía (Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andalucía o Aragón, entre otros). Muchas de las innovaciones incorporadas al Estatuto de Cataluña —en materia de derechos de ciudadanía, organización institucional, autogobierno o relaciones con Europa— fueron adoptadas posteriormente por otras comunidades autónomas, en algunos casos con preceptos de redacción idéntica. Ninguno de ellos provocó un recurso constitucional. Este efecto tractor demuestra que la propuesta catalana abrió camino hacia una actualización general del modelo territorial surgido de la Constitución de 1978.
Desde esta perspectiva, la controvertida intervención del Tribunal Constitucional de 2010 no solo afectó a las expectativas de Cataluña. También interrumpió una posible evolución federal del conjunto del Estado y cerró una ventana de oportunidad para profundizar en el reconocimiento de su pluralidad nacional. Las consecuencias negativas de aquella decisión continúan gravitando sobre la política catalana y española, y no solamente sobre el fracaso de su modelo de organización territorial.
El Estatuto de 2006 fue una propuesta de futuro. Algunas de sus aportaciones han arraigado; otras quedaron interrumpidas. Pero veinte años después, las aspiraciones que lo hicieron posible continúan interpelándonos. Que la mayoría de las cuestiones que planteaba sigan sin resolverse es, al mismo tiempo, la mejor prueba de su ambición y de su vigencia.
